Miles de tuiteros, acusados de difamación




Lord Alistair McAlpine, el antiguo tesorero del Partido Conservador británico y asesor de la entonces primera ministra Margaret Thatcher, ha iniciado una campaña para exigir compensaciones de las miles de personas que difundieron por Twitter los rumores –que resultaron ser falsos– de que él era el político conservador retirado que había abusado una docena de veces de un joven en los años setenta. Al ver una fotografía suya, el acusador admitió luego que se había dado cuenta de que no era él el hombre que le violó a él y a otros compañeros suyos en un hospicio del norte de Gales y le pidió encarecidas disculpas.

McAlpine, que vive retirado en Italia desde hace años, llegó días atrás a un acuerdo con la BBC para que le indemnizara con 185.000 libras (230.000 euros) por el programa en el que se difundieron las acusaciones. En el programa no se le nombraba, pero se daban las suficientes pistas para hacer pensar que era él. Internet se llenó de rumores señalándole por su nombre y en un programa de ITV le hicieron llegar al primer ministro una nota con la lista de supuestos violadores en una entrevista en directo. ITV ha aceptado este martes compensar al lord con 125.000 libras (155.000 euros).

Pero eso no es suficiente para el retirado político, que quiere además que los twiteros que difunden noticias calumniosas aprendan la lección. Según el diario Financial Times, los abogados de McAlpine han localizado 1.000 cuentas de Twitter que difundieron directamente los rumores o difundieron links con enlaces a páginas de Internet en las que se le vinculaba a él con los abusos en el hospicio del norte de Gales. Y han localizado además otras 9.000 cuentas desde las que se rebotaron los tuits originales.

Lord McAlpine quiere que los titulares de esas cuentas que tienen menos de 500 seguidores le paguen una compensación simbólica de cinco libras en forma de donación a una organización benéfica elegida por él, BBC Children in Need. Para los usuarios con más de 500 seguidores se reserva pedirles cantidades menos simbólicas. Sus abogados se basan en la ley británica sobre el libelo y estiman que quienes no acepten sus condiciones se arriesgan a pagar unas costas de casi 45.000 euros si buscan el amparo de los tribunales.

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